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El derrumbe de la eurozona y la ‘cobertura política’ del FMI

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Mientras las elecciones europeas muestran un aumento del rechazo público a la austeridad, los críticos piden al FMI que se enfoque más en los desperfectos de la eurozona que en ajustes en país individuales.

Durante los últimos meses la recesión prolongada en partes de Europa ha visto niveles de desempleo sin precedentes y un paro en la producción, por lo que muchos se preguntan si la austeridad está dificultando el crecimiento y las posibilidades de lograr las metas fiscales y el pago de la deuda (ver Boletines 80 y 79). Un informe del Instituto de Política Macroeconómica en Alemania, de marzo de 2012, pronosticó que la actividad económica disminuirá este año en 1,3 por ciento en Irlanda, 4,3 por ciento en Portugal y 6,7 por ciento en Grecia, con un desempleo llegando al 14,1 por ciento en Portugal e Irlanda, y al 20,1 por ciento en Grecia.

En este contexto, las políticas de austeridad exigidas por la troica (la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI) han sido rechazadas por los votantes en las elecciones griega y francesa, y criticadas por líderes de gobierno a través del mundo, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, y a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y hasta se ha visto un aumento de la oposición de los participantes en los mercados de capital, quienes ya están pidiendo una nueva estrategia para manejar la crisis.

A pesar de las críticas y los pobres resultados, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, sostuvo en abril de 2012, que “la estrategia correcta continúa igual que antes", con lo cual quiere decir que los cortes a los gastos no deben ser muy rápidos, lo cual perjudicaría el  crecimiento, pero tampoco demasiado lentos, lo cual podría disminuir la credibilidad (ver Boletines 78 y 77). Christine Lagarde, directora gerente del FMI, también reafirmó la estrategia existente del Fondo alabando la devaluación interna en Letonia y haciendo comentarios polémicos sobre la necesidad de que la población griega "pague" para los errores de su país. En un artículo de junio de 2012, el ganador del premio Nobel, Paul Krugman, sostuvo que "al tiempo que la actitud de Letonia de aguantar la austeridad extrema es políticamente asombrosa, los resultados de sus datos económicos no apoyan ninguno de los reclamos formulados sobre sus lecciones económicas."

Sin embargo, después de dos años de intervención en Europa, el Fondo parece estar reconociendo lentamente que el crecimiento y la estabilidad no serán logrados a menos de que se corrijan los desperfectos en el diseño del euro. El último informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, enfatizó los ‘desperfectos en el diseño’ del euro más que en los informes previos, y señaló la ‘urgente necesidad’ de la supervisión común bancaria y de compartir el riesgo. En una nota para debate del personal del FMI a mediados de junio de 2012, Fomentando el crecimiento en Europa ahora, se señala la necesidad de enfrentar la demanda desigual entre los países europeos del norte y del sur, con propuestas de acción para ambos lados. Sin embargo, también propone políticas de desregulación del trabajo para reiniciar el crecimiento (ver artículo 5).

Repetidos fracasos del FMI

 

Se espera que continúen la austeridad y las reformas estructurales, incluyendo la privatización de los servicios públicos a través de Europa, especialmente en Grecia. Sin embargo, es posible que se dé una suavización de las condiciones conectadas a los programas de país en Portugal e Irlanda.

La troica volverá a Grecia para renegociar con el nuevo gobierno a principios de julio de 2012, pero la relajación de las condiciones de préstamo solicitada por el país quizás sea bloqueada por Alemania, lo cual aumentaría las tensiones en la troica. Robert Zoellick, entonces presidente del Banco Mundial, advirtió en la cumbre del G20 en junio sobre las divisiones crecientes entre el FMI y los europeos a cargo de los préstamos, y predijo que en ausencia de una acción decisiva, esta división podría convertirse en un enfrentamiento a finales del verano.

Yanis Varoufakis, profesor de la Universidad de Atenas, advirtió a finales de junio que incluso unas condiciones más suaves de rescate económico  prolongarán la recesión en Grecia y que “cuando en diciembre, sea evidente, de nuevo, que otro rescate más relajado griego ha fallado, esta  realización añadirá a las dificultades y tensiones en Europa, acelerando aún más las fuerzas centrífugas que están derrumbando la eurozona.”

Charles Goodhart, del London School of Economics, indicó en mayo que "la presencia del FMI como parte de los programas de rescate ha dado a los líderes europeos la cobertura política para continuar vendiendo políticas mal concebidas destinadas al fracaso, y con ello siguen demorando la búsqueda de soluciones más sensatas tan necesitadas para enfrentar la crisis." Goodhart afirmó que "dado su mandato histórico en las tasas de cambio, la eurozona es la contraparte natural para el FMI, en vez de los miembros estados de la eurozona", también dijo que la condicionalidad debe aplicar "sólo para las instituciones de la Unión Europea como el Banco Central Europeo."

Al mismo tiempo, Andy Storey de la Universidad College de Dublín afirmó: "el fracaso de la intervención del FMI en Europa es debido precisamente a la falta de autonomía del Fondo en los mercados de capital, y a que la élite central europea ha venido manejando la crisis. "Agregó que "esto demuestra una vez más que esta institución necesita una reforma radical." Storey también dijo que la autoexclusión del FMI a finales de junio en el préstamo europeo a España para recapitalizar su sistema bancario muestra como "el Fondo ha perdido la confianza en los programas de país en la eurozona. Por lo tanto, es inaceptable que el FMI continúe vertiendo el dinero de los contribuyentes en programas que aún la misma institución considera como insostenibles. Lo que se necesita es sanear la deuda pública antes de que sea demasiado tarde."

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¿Y el acceso para las personas pobres?

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Al tiempo que el G20 y el Banco Mundial continúan su empujón para aumentar la inversión en los proyectos público-privados de infraestructura a gran escala, el aumento del escrutinio del historial del Banco pone en duda esta estrategia.

La declaración de la cumbre G20 en México a finales de junio de 2012, confirmó el apoyo del grupo para la inversión en la infraestructura diciendo que es "crítica para el crecimiento económico sostenible, la reducción de la pobreza, y la creación del trabajo" y dio la bienvenida a un "vigoroso progreso" en la implementación de las recomendaciones del Informe comisionado por el Alto Panel del G20 (HLP sigla en inglés) sobre la Infraestructura y el Plan de Acción sobre la Infraestructura, de los bancos multilaterales del desarrollo (BMDs) (ver Boletines 79, 77). Además, el G20 enfatizó que, mientras el financiamiento público de los proyectos de infraestructura "continúa siendo esencial", éste "debe ser complementado por la inversión del sector privado."

La declaración del G20 "dio la bienvenida" a la Alianza para la Acción del Crecimiento Verde de Negocios del G20, una nueva asociación público-privada (PPP sigla en inglés). Esta es una iniciativa lanzada en junio de 2012 para dirigir "la insuficiencia en la inversión verde en la infraestructura." Sin embargo, esta iniciativa según Nancy Alexander, de la fundación política alemana Heinrich Boell,  “aumentará dramáticamente el uso del dinero público para compensar los riesgos de la inversión privada." Un informe de junio de 2012 por Boell y WWF, sobre la infraestructura de energía en África, dice que "a menudo, las PPPs dejan el asunto del acceso universal como un problema a ser resuelto por los gobiernos y los servicios mal financiados." 

La ONG Ríos Internacionales cuestiona el enfoque del G20 y del Banco Mundial en su informe de mayo de 2012, ¿Infraestructura para quién? Al tiempo que el informe reconoce la importancia de la infraestructura para la prosperidad, también afirma que la infraestructura grande y centralizada, especialmente las grandes represas hidroeléctricas, con frecuencia beneficia más a las industrias consumidoras de gran cantidad de energía que a las personas pobres. El informe también afirma que el enfoque en "el aumento del apoyo público a los proyectos privados de infraestructura" contradice las mismas conclusiones del Banco. Una evaluación de 2003 del Banco encontró que "las personas pobres a menudo son las últimas en beneficiarse de un aumento en el acceso" y que además "generalmente son ignoradas" por los operarios privados. Además, la estrategia actualizada de la infraestructura del Banco (ver Boletín 79) concluye diciendo que "los resultados esperados de que los beneficios vayan ‘llegando a los de abajo’… han sido muy lentos."

El informe de Ríos Internacionales hace un llamado para que los proyectos de infraestructura sean descentralizados, participativos, transparentes, con rendición de cuentas, y ejecutados "dentro de las más estrictas salvaguardas sociales y del medio ambiente" y que además respondan  directamente a las necesidades básicas de las personas pobres en vez de depender de un ‘lento compartir de beneficios con los de abajo’." Estos proyectos también deben ser diseñados "para reforzar la resistencia al clima en vez de exacerbar la vulnerabilidad al clima. "

Proyectos ‘ejemplares’ cuestionados

La estrategia del G20 es aún más criticada en un segundo informe de junio de 2012 por Boell y la Fundación Ford de Estados Unidos, incluyendo la crítica de "los proyectos ejemplares" según definidos por el HLP y los bancos multilaterales de desarrollo. Esta descripción está basada en seis criterios, incluyendo "la integración regional" y "el potencial del sector privado", pero nadie se ha referido explícitamente a los asuntos relacionados con el alivio a la pobreza o la sostenibilidad ambiental.

Uno de los once "proyectos ejemplares" es el "interconector Etiopía-Kenia", un sistema para la transmisión de energía hidroeléctrica de Etiopía a Kenia y la ampliación de la red a la región africana oriental. El apoyo del Banco a este proyecto ha incitado la crítica de las ONGs las cuales afirman que efectivamente está financiando la Represa Etíope Gibe III, la cual ha sido severamente criticada. Este es un proyecto que el Banco evitó financiar directamente debido a sus infracciones de la política del Banco (ver Boletín 71).

En mayo de 2012 nueve ONGs, incluyendo a Amigos del Lago Turkana en Kenia y el Instituto de Oakland de Estados Unidos, enviaron una carta al entonces presidente del Banco, Robert Zoellick. Las ONGs hicieron un llamado al Banco para que no "financiara una línea de transmisión que tomara su poder de la represa Gibe III, o de ningún otro proyecto que viole en semejante escala sus propias políticas de salvaguarda."  En una respuesta de junio de 2012 a la carta, el director del Banco de Desarrollo Sostenible para África, Jamal Saghir, confirmó que el proyecto "sacará su energía de la red eléctrica nacional de Etiopía, a la cual… Gibe III podría contribuir inicialmente hasta el 20 por ciento". Ikal Angelei de Amigos del Lago Turkana instó al Banco a considerar otros proyectos en la región, antes que permitir una presa que podría destruir el Lago Turkana: "La gente depende del lago. Necesitamos proyectos de desarrollo que nos beneficien y no que nos maten."

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El Banco Mundial “irá a la vanguardia” de la inversión en infraestructura

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En la reunión del G20 en Rusia a principios de septiembre de 2013, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, declaró que el Banco estaba desarrollando un instrumento de infraestructura global (ver Boletín 86), el cual será examinado en las reuniones anuales del Banco Mundial a mediados de octubre de 2013. Kim dijo que el instrumento será “una gran ayuda y formará parte de nuestros negocios futuros”. Éste canalizará los fondos provenientes de los estados miembros y del sector privado para los proyectos de infraestructura. Sin embargo, un director ejecutivo del Banco Mundial advirtió que el desarrollo de este instrumento estaba menos avanzado de lo que se pensaba.

El informe de rendición de cuentas del G20 lanzado en la cumbre en septiembre de 2013, tomó nota de los progresos realizados en la agenda de infraestructura, aun cuando dijo que “algunos compromisos incompletos estaban progresando muy lentamente”. El compromiso del G20 en 2010 relativo a un plan de acción de varios años sobre el desarrollo está paralizado aunque se esperaba que hubiera sido terminado en noviembre de 2011. El objetivo de este plan es “evaluar la mejor manera de integrar las medidas de protección ambiental en forma costo-eficaz” (ver Boletín 77). El informe señaló que “era urgente hacer el seguimiento de estos compromisos”, sin embargo, los documentos con los resultados de la reunión del G20 no reflejaron esta urgencia. En vez de ello, los compromisos relacionados con la infraestructura dieron “especial atención” a las asociaciones público-privadas (APPs). El grupo de estudio del G20 “financiación de la inversión” pidió al Banco que desarrollara un libro de referencia de las APPs.

Mientras tanto, la Corporación Financiera Internacional (CFI – el brazo del sector privado del Banco),  ha aumentado sus inversiones en infraestructura que ahora representan el 12 por ciento de la cartera de la CFI. En junio de 2013, Rashad Kaldany, vice presidente y jefe de operaciones de la CFI, dijo a la Revista de Infraestructura que la CFI puede “ir a la vanguardia” de la inversión en infraestructura. Gran parte de la atención se centra en el África subsahariana, donde existe un gran impulso para las APPs. La CFI se centra en la “salida de ayuda”, lo que significa que combina importantes compradores de los suministros y servicios “como las empresas mineras… y, a continuación, identifica planes para complementar los ingresos de las personas pobres para que éstas puedan comprar esos servicios esenciales”.

Sunita Dubey de la ONG sudafricana Groundwork comentó: “las APPs se han puesto de moda para solucionar todos los problemas. Durante las últimas décadas hemos visto mediocres operaciones del Banco, especialmente en los proyectos de infraestructura. Sumado a esto la creciente participación del sector privado significa que hay un mayor riesgo de precios altos y de que el servicio sea de mala calidad, o ambos, debido a sus incentivos inherentes de maximizar los beneficios”.

Por otra parte, en junio de 2013, la Oficina de Investigación Internacional de Servicios Públicos del Reino Unido (PSIRU – Public Services International Research Unit) afirmó que el proceso de privatización del sector de la energía había sido problemático, incluyendo el proyecto hidroeléctrico Inga 3 en la República Democrática del Congo (ver Boletines 86, 81 y 79). David Hall de la PSIRU dijo: “Las inversiones en el sector público deberían continuar, además hay un beneficio adicional ya que el endeudamiento es más barato pues el proceso es sometido a un control democrático y además tiene un enfoque en impactos sociales positivos y en la sostenibilidad ambiental”.

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La sed del Banco Mundial por la energía hidroeléctrica

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El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI – brazo del sector privado del Banco) han continuado promoviendo los proyectos de energía hidroeléctrica (ver Boletín Dici de 2013, El Observador de Otoño 2013 y el Boletín 86). Después de que la ley de asignaciones de Estados Unidos en enero de 2014 dio nuevas esperanzas sobre las tan esperadas compensaciones para las comunidades afectadas por las atrocidades de la represa Chixoy en Guatemala (ver El Observador de Invierno 2014, y Boletine 86 y 84), la atención ahora está enfocada en la participación de la CFI en otra controvertida represa, a través de un intermediario financiero vinculado a la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas (ver Boletín Dic de 2013 y Boletine 86 y 84). En una declaración abierta de febrero de 2014, la ONG guatemalteca Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) se refirió a un conflicto de cinco años relacionado con dos proyectos hidroeléctricos en el río Cambalam que están siendo construidos por la Hidroeléctrica Santa Cruz, filial de la compañía española Energía Hidralia. También reporta que ” Reinan el miedo y el terror. Se han dado asesinatos, encarcelamientos, persecuciones, intimidación y cooptación de los dirigentes de la comunidad”.

La declaración afirmó: “La triste y terrible historia de Chixoy está relacionada con la actual persecución… facilitada indirectamente por las instituciones financieras internacionales”, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2008 la CFI prestó US$20 millones e invirtió US$9,9 millones en el capital accionario de la  Corporación Interamericana para la Financiación de la Infraestructura (CIFI), “una institución financiera no bancaria que presta fondos pequeños y medianos para proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe”. La CIFI a su vez invirtió en la Hidroeléctrica Santa Cruz y en el proyecto Cambalam en 2010, con “un préstamo a largo plazo de hasta US$8,2 millones de dólares y una suma adicional de hasta US$2,5 millones”. La declaración de la ONG incluyó un llamado para que: “Los gobiernos de Europa, Canadá y América Latina investiguen y hagan una declaración pública contra el mal uso que se le da a los fondos proporcionados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”.

A principios de febrero de 2014, las ONGs opuestas a los eventos relacionados con la energía hidroeléctrica Inga en la República Democrática del Congo (RDC) celebraron que la propuesta del Banco, criticada debido a la asistencia técnica al proyecto Inga 3 (ver El Observador de Otoño 2013 y Boletin 86 y 81) hubiera sido retirada por la Junta de directores del Banco, tan sólo unos días antes de que la aprobación se llevara a cabo. Sin embargo, la victoria fue de corta duración ya que informaciones no confirmadas afirman que en su lugar la CFI tiene un acuerdo con una empresa china anónima como inversor privado. Según Peter Bosshard, director de la ONG Ríos Internacionales con sede en Estados Unidos: “el acuerdo fue organizado por los jefes del Banco Mundial, de la CFI y USAID, entre bastidores, sin ninguna participación del parlamento de la República Democrática del Congo, de la Junta de directores del Banco Mundial o de la sociedad civil. La entrega del proyecto a un inversor privado significa que es aún menos probable que las personas pobres del país se van a beneficiar de este proyecto.” Antes de la esperada aprobación de la Junta del Banco, doce ONGs de la RDC incluyendo Le Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire, escribió a los miembros de la Junta cuestionando el enfoque del proyecto sobre “suministro de energía eléctrica para la exportación y para promover el desarrollo industrial y el desarrollo de la minería” y pidió que las necesidades de energía de la población de la República Democrática del Congo fueran consideradas prioritarias: “Lamentablemente, nosotros, los congoleños seguimos preguntando: ¿para quién es esa energía? “.

Sediento de energía

A pesar de la continua promoción del Banco de la energía hidroeléctrica, su propia investigación ha suscitado inquietudes con respecto a su viabilidad. En diciembre de 2013 el Banco completó un acuerdo de US$450 millones para el “clima y el seguro de los precios del petróleo” para la empresa estatal hidroeléctrica uruguaya. La transacción aseguró a la empresa durante los próximos 18 meses “contra la sequía y los altos precios del petróleo, que han tenido un impacto financiero negativo sobre la empresa en el pasado.” Según el comunicado de prensa del Banco, el “tamaño del contrato es grande debido a que el riesgo financiero es significativo”, señalando que en 2012 “los costos de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica alcanzaron la cifra récord de US$1,4 mil millones, lo que supera con mucho el de las proyecciones originales de US$953 millones” debido a la escasez de agua.

En enero de 2014, el Banco lanzó una nueva iniciativa “sedienta de energía”, para “ayudar a los países en desarrollo a mejorar la planificación y gestión de la ampliación de capacidad de energía para satisfacer la creciente demanda, a la par con la gestión de los recursos hídricos”. Rachel Kyte, vicepresidenta del Banco Mundial y enviada especial para el cambio climático, dijo: “Con la demanda creciente de ambos recursos y el aumento de los problemas del cambio climático, la escasez de agua puede amenazar la viabilidad a largo plazo de los proyectos de producción de energía y obstaculizar el desarrollo.”

La iniciativa obedece a un informe del Banco Mundial de junio de 2013, donde se expusieron varios problemas relacionados con la energía hidroeléctrica, entre ellos que las centrales hidroeléctricas pueden alterar “la distribución y circulación del agua. Esta agua represada afecta su calidad y la vida acuática”. Además: “El cambio climático y la creciente variabilidad del agua también afectará la energía hidroeléctrica en la medida en que cambia el volumen del agua debido a la evolución de las precipitaciones. Los glaciares que alimentan las centrales hidroeléctricas pueden desaparecer, poniendo en peligro la capacidad de las naciones para generar energía”, tomando en cuenta que “el retroceso de los glaciares ya ha afectado la producción de las centrales hidroeléctricas en áreas de Bolivia y Perú”.

El informe también hizo referencia a un estudio de 2010 de la ONG estadounidense, Instituto de Recursos Mundiales, la cual evaluó “las plantas de energía actuales y previstas en la India y el sudeste de Asia”, llegando a la conclusión de que “más de la mitad están ubicadas en zonas que probablemente van a sufrir de escasez de agua en el futuro”. El informe concluye diciendo que “el viento (que prácticamente no requiere agua) y  los fotovoltaicos (que requiere una pequeña cantidad de agua para lavar los paneles) tienen efectos insignificantes sobre el agua y los nexos energéticos.”

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Peligros de la dilución: El nuevo debilitado marco social y ambiental del Banco Mundial

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Hace unos dos años, el Banco Mundial inició un proceso de revisión y actualización de su política de salvaguardias ambientales y sociales. Estas políticas son el resultado de décadas de lucha por parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y por los movimientos de base alrededor del mundo para establecer reglas claras, con el objeto de asegurar que las inversiones del Banco Mundial y de los gobiernos, hechas a nombre del desarrollo, no causen desastres ecológicos y sociales. Por lo tanto las OSCs dieron la bienvenida a la oportunidad de reforzar y expandir el marco de las salvaguardias, para asegurar que la financiación del desarrollo respetara y cumpliera con los derechos humanos.

El Banco Mundial publicó el primer borrador de su marco ambiental y social a fines de julio de 2014 y aunque contiene algunas mejoras, en conjunto es un retroceso que reducirá los estándares para toda la comunidad internacional del desarrollo. La lista de críticas es larga. Las principales preocupaciones para la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) están descritas a continuación.

Primero, el borrador propuesto del marco de las salvaguardias adopta la conformidad abierta. Esto significa que los requisitos básicos de Banco Mundial ahora serían más permisibles para valorar y manejar riesgos e impactos ambientales antes de la aprobación de los préstamos. La conformidad abierta elimina  los requisitos estrictos del marco actual de las salvaguardias, los cuales exigen antes de la evaluación inicial una información clara y completa de las evaluaciones del impacto ambiental para los proyectos de alto riesgo. A pesar de la introducción de un plan de compromiso de las partes interesadas, el borrador del marco no incluye los requisitos mínimos de información clara, lo que socava el proceso de la consulta. ¿Cómo puede haber consultas sobre un proyecto sin la información adecuada?

Segundo, el borrador del marco no incluye el lenguaje obligatorio sobre los estándares internacionales de los derechos humanos y permite a los gobiernos ‘optar por no cumplir’ con la Política de los Pueblos Indígenas que protege los derechos de los pueblos indígenas. Esta omisión inequívocamente socava los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, los recursos y su propio proceso  de desarrollo. Este es un aspecto crítico en una región donde los Estados reconocen a más de 650 pueblos indígenas.

Tercero, el borrador del marco cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardias pasándola a los prestatarios, pero no da claridad sobre cuándo y cómo el uso de los sistemas de los prestatarios sería preferible y aceptable. Las salvaguardias serán más débiles si la responsabilidad depende de los sistemas de los prestatarios, donde ya están ocurriendo las diluciones mayores de los marcos nacionales, sociales y ambientales. Por ejemplo, en el Perú las nuevas leyes disminuyeron apreciablemente la autoridad y la capacidad para la evaluación y las sanciones de la Agencia de Protección Ambiental nacional. En México, el Congreso aprobó recientemente la reforma de las regulaciones de la energía la cual da prioridad al petróleo, el gas y la energía sobre otros usos de la tierra. En Bolivia, la nueva ley minera permite actividades mineras en áreas protegidas tales como los parques nacionales y excluye el derecho al consentimiento libre previo e informado por parte de los pueblos indígenas en lo relacionado con las actividades de exploración.

Cuarto, otra desventaja del nuevo borrador del marco propuesto es el limitado alcance de las salvaguardias, que sólo se aplica a los préstamos de inversión del Banco. Sin embargo, hay muchos otros instrumentos, como los Préstamos para la Política de Desarrollo (DPLs), que son muy comunes en la región de LAC. Estos préstamos son vehículos de baja responsabilidad que pueden desembolsar sumas grandes rápidamente a clientes con medianos ingresos. Por ejemplo, en México desde julio de 2010 a abril del 2013, el 46 por ciento del total de los préstamos del Banco al país fue canalizado a través de DPLs. Estos préstamos fueron excluidos de la aplicación de las políticas de salvaguardia, aunque algunos de ellos financiaron proyectos en los sectores forestal,  ambiental y del cambio climático. Al solo aplicar las salvaguardias a los préstamos de inversión, el marco propuesto excluirá hasta la mitad de los préstamos anuales del Banco.

Esta situación es crítica allí donde hay competencia sobre los recursos en la financiación del desarrollo. Además, este debilitado marco de la política de salvaguardias también reducirá los estándares de otros bancos multilaterales, de instituciones financieras internacionales y de bancos nacionales de desarrollo, como el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES), los bancos chinos, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Nuevo Banco de Desarrollo recientemente lanzado del grupo BRICs (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). En una región con altas tasas de inequidad, pobreza y falta de acceso a la justicia, nosotros necesitamos marcos fuertes de salvaguardias sociales y ambientales que respeten los derechos humanos. Todas las políticas del Banco Mundial deben ser consecuentes con sus objetivos de erradicar la pobreza extrema y de promover la prosperidad compartida y por lo tanto, el Banco debe reforzar su marco de política de salvaguardias ambientales y sociales, en vez de debilitarlas pues con ello está promoviendo una carrera hacia el abismo.

Comentario de Mariana González Armijo, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México

 

 

 

 

 

 

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Clima de controversia

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Al tiempo que se aproxima la 21ava Conferencia de las Partes (COP, por su sigla en inglés) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de París en diciembre de 2015, el Banco Mundial ha continuado sus esfuerzos tratando de expandir su influencia en los círculos de finanzas para el clima. El Banco también sigue apoyando los combustibles fósiles por lo que su posición es muy controvertida (ver Observador Primavera 2014).

En junio de 2015 los seis mayores bancos multilaterales de desarrollo (BMDs) incluyendo el Grupo del Banco Mundial, lanzaron su último informe conjunto sobre los compromisos de financiación del clima. Según el informe, los BMDs se comprometieron conjuntamente en 2014 con US$28 mil millones para las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, un aumento del 19 por ciento sobre el año anterior. El Banco Mundial incrementó sus compromisos de financiación del clima en un 37 por ciento a US$ 9,2 mil millones, mientras que la contribución de la Corporación Financiera Internacional (CFI) – el brazo del sector privado del Banco – se redujo en un 4 por ciento a US$ 2,5 mil millones. La mayoría de los fondos de los BMDs fueron destinados a la financiación de la mitigación del cambio climático, con sólo el 18 por ciento destinado a la adaptación al cambio climático, a pesar de que los países en desarrollo frecuentemente consideran que la adaptación es muy importante pues les ayuda a reducir su vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático (ver Boletín 83). Además, el informe también señala que el 83 por ciento de la financiación total se hizo a través de préstamos, mientras que sólo el 9 por ciento fueron subvenciones. El resto de la financiación incluye capital, garantías y otras formas de financiación. Por el lado del Banco Mundial el 76 por ciento fueron préstamos y el 16 por ciento fueron subvenciones.

Las finanzas de mitigación fue el tema del informe del Banco Mundial en mayo de 2015 con La Descarbonización del Desarrollo. Según el informe la “descarbonización” no significa que haya cero emisiones: “Las emisiones positivas en algunos sectores y en algunos países pueden ser compensadas, hasta cierto punto.” A pesar de la presión del Banco para dar un precio al carbono (ver Observador Invierno 2015), el informe advirtió que dar un precio al carbono “por sí mismo no puede resolver el problema del cambio climático debido a las numerosas deficiencias del mercado y a los sesgos de comportamiento que distorsionan las economías”. El informe pidió a “todos los países que evitaran los encierros de la creación intensiva del carbono, los cuales serán costosos de revertir en el futuro”.

Continúan las inversiones en los combustibles fósiles

A pesar de su enfoque en el cambio climático, el Banco Mundial aumentó sus inversiones en los combustibles fósiles el año pasado. Un informe de abril de 2015, por la ONG estadounidense, Cambio de Aceite Internacional (Oil Change Internacional), reveló que más de un tercio de la financiación del Banco a la energía en 2014 fue para los combustibles fósiles, con un incremento respecto al año anterior, mientras que la financiación para la energía limpia recibió menos de una quinta parte (ver Boletín Mayo 2014). En enero de 2015, el presidente del Banco, Jim Yong Kim, instó a los inversores a largo plazo a “reconocer su responsabilidad fiduciaria” y a considerar los riesgos climáticos, sin embargo, en mayo de 2015, la agencia de noticias Reuters reveló que alrededor del 40 por ciento de las participaciones en el capital o sea, US$ 18,8 mil millones de los fondos de las pensiones del Banco Mundial eran invertidos en fondos índices de capital, los cuales incluyen empresas de sectores asociados a los problemas ambientales y de salud, como el carbón y el tabaco.

En julio de 2015, la Junta Directiva del Banco aprobó una inversión de la CFI por US$50 millones de capital en Africa Oil, destinados a las actividades de exploración y evaluación de petróleo y gas en Kenia, a pesar de que Estados Unidos votó en contra de esta inversión. Estados Unidos declaró que estaba “preocupado por la falta de transparencia de la CFI ante la Junta Directiva al no haber presentado documentación clave… lo cual era todavía más preocupante viendo el potencial significativo del impacto del proyecto… sobre hábitats críticos y comunidades marginadas.” Estados Unidos también cuestionó la adicionalidad financiera de la inversión dado que Africa Oil “aparece públicamente en dos bolsas de valores separadas, con una capitalización de mercado de casi US$800 millones”.

Srinivas Krishnaswamy de la ONG hindú, Fundación Vasudha, comentó: “Ya es hora de que el Banco Mundial desplace sus inversiones en combustibles fósiles a las energías renovables y a su infraestructura, lo que podría impulsar la confianza de los países en desarrollo y las economías emergentes a asumir objetivos más ambiciosos”.

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¿Lanzando la evidencia al viento? El Banco Mundial continúa promoviendo las APPs

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A raíz de la crisis financiera de 2008 y de la consiguiente presión sobre los recursos públicos, las asociaciones público-privadas (APPs) se han convertido en un pilar fundamental de las estrategias de desarrollo, incluyendo las del Banco Mundial (ver Observador Otoño 2014). Como sostiene Nancy Alexander de la fundación política alemana Heinrich Böll, los megaproyectos de infraestructura financiados a través de las asociaciones público-privadas son consideradas ahora como balas de plata de la recuperación, incluso entre los países desarrollados (ver Observador Invierno 2015). Estas tendencias se evidencian por el triple aumento al apoyo que el Banco Mundial ha conferido a las APPs desde 2002 hasta 2012 y por su creación del Instrumento para la Infraestructura Mundial de 2014 (ver Boletín Nov 2014), que tiene como objetivo facilitar la “preparación y estructuración de las APPs para infraestructuras complejas, para facilitar la movilización del sector privado y del capital de los inversores institucionales”.

“El Banco de Soluciones” ignora la evidencia

Dado que uno de los objetivos explícitos de la estrategia del Banco Mundial es “promover la colaboración público-privada” y que las APPs podrían estar en una amplia área de soluciones transversales, el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial (GEI) publicó en 2014 una evaluación de la efectividad del Banco Mundial en los “países que apoyan el uso de las APPs” (ver Observador Otoño 2014). El informe advirtió a los gobiernos “que los pasivos contingentes que surgen de las APPs no suelen ser cuantificados debidamente a nivel de proyecto”, y destacó que a pesar de que el Banco Mundial tiene como objetivo la erradicación de la pobreza “no se puede evaluar hasta qué punto las APPs benefician a las personas pobres ya que existen enormes brechas de datos.”

Las preocupaciones sobre los riesgos asociados con las APPs también eran conocidas por el FMI, el cual en 2014 desarrolló un Modelo de Evaluación del Riesgo Fiscal de las APPs (P-FRAM, por su sigla en inglés). En su folleto, con un resumen del P-FRAM, el Fondo señaló que la herramienta había sido desarrollada “para evaluar los posibles costos y riesgos fiscales derivados de los proyectos APPs”, menciona también que “en muchos países se han adquirido proyectos de inversión APP, no porque sean eficientes, sino para eludir las restricciones en los proyectos resultantes de la adquisición de proyectos “que bien no pueden ser financiados dentro de la dotación presupuestaria gubernamental, o debido a que exponen las finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos”.

En marzo de 2015, la Asociación Público-Privada en el Centro de Recursos para la Infraestructura del Banco Mundial (PPPIRC, por su sigla en inglés) identificó 10 riesgos importantes asociados con las APPs, agregando: “los costos de desarrollo, licitación y de gestión de los proyectos APP son probablemente mayores que los procesos de contratación pública tradicional”. También afirmó, “el sector privado hará lo que se le page por hacer y no irá más allá”, poniendo así en tela de juicio la medida en que los gobiernos deben contar con la buena voluntad del sector privado para ir más allá de su afán de lucro y de actuar en apoyo de los resultados del desarrollo sostenible. Sin embargo, en la introducción en línea a su “guía de referencia APP 2.0?” desarrollada conjuntamente con el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial afirma: “las APPs son reconocidas cada vez más como valiosas herramientas de desarrollo para los gobiernos, las empresas, los donantes, la sociedad civil y el público. La razón es sencilla: en todo el mundo, las bien diseñadas transacciones APP han entregado infraestructuras y servicios de calidad, a menudo a un costo menor, mediante el aprovechamiento de la financiación del sector privado, los conocimientos técnicos y la experiencia de gestión”.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) siguen siendo escépticas de que el Banco – según palabras de Nancy Alexander – vaya a “renunciar a su favoritismo en favor de las APPs, en vez de dar una evaluación imparcial de las APPs en comparación con los servicios públicos”. El malestar actual sobre la aparente contradicción entre los resultados de investigaciones del Banco y de sus inversiones y la promoción de políticas, refleja las preocupaciones planteadas desde hace casi una década por la evaluación independiente de la investigación del Banco Mundial, comisionada por el mismo Banco. La evaluación criticó al Banco por destacar “en letras de oro” la investigación interna y favorable del Banco, ignorando la investigación “desfavorable”. La investigación del Banco también identificó “un incumplimiento grave de los controles y equilibrios, ya que se deben separar las actividades de promoción de las de investigación.” Teniendo en cuenta las estructuras de incentivos que impiden el aprendizaje en el Banco Mundial, el informe de 2014 del Grupo de Evaluación Independiente (GEI) sobre el aprendizaje en el Banco señaló que “alrededor del 70 por ciento de los funcionarios del Banco que respondieron a la encuesta del GEI consideró que la compulsión de otorgar préstamos desplazaba el aprendizaje” (ver Observador Verano 2015).

A pesar de estas preocupaciones, el Banco y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMDs) continúan promocionando las APPs a través de una variedad de medios, incluyendo un “laboratorio de conocimiento APP” y “días dedicados a las APPs”. Un informe de agosto de 2015, titulado Cooperación para Construir un Mundo Mejor, producido internamente por los BMDs para el G20, se centró en la cooperación de los BMDs y en fomentar la inversión del sector privado en infraestructura. El informe detalla la profundidad de la cooperación de los BMDs sobre las APPs y contiene evidencia adicional sobre la medida en que los puntos de vista críticos sobre las APPs son ignorados.

La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, dirige un curso en línea sobre las APPs y publica la revista El Apretón de manos, la revista del Banco Mundial sobre las APPs, la cual “explora cómo el trabajo conjunto entre los sectores público y privado puede ayudarles a enfrentar los complejos desafíos globales”. A pesar de que las APPs en la salud y la educación han sido severamente criticadas (ver Observador Verano 2015) y que los esquemas de privatización del agua han sido reversados en muchas ciudades, la CFI continúa identificando estos sectores como áreas prioritarias para sus inversiones APPs y para su apoyo técnico.

El Grupo de Evaluación Independiente en su informe de 2015 sobre el enfoque en la pobreza de los programas nacionales del Banco Mundial, hizo referencia a su evaluación de 2011 sobre el impacto en la pobreza de la CFI, encontrando que el marco de medición y evaluación “no cuantificaba los beneficios a los pobres y que no había indicadores para la medición del efecto del proyecto sobre la pobreza” y que “la mayoría de los proyectos de inversión generó beneficios económicos, pero no proporcionó evidencia de beneficios identificables para las personas pobres”.

Aldo Caliari de la ONG Centro de Preocupación con sede en Estados Unidos, dijo: “Vemos este patrón una y otra vez, las evaluaciones del Banco Mundial y los análisis ponen en tela de juicio la forma en que el Banco hace las cosas sin que haya cambios perceptibles en el terreno. Ahora el Banco está dedicado al negocio de la producción de una miríada de herramientas para ayudar a los “países a hacer mejor las APPs”, así que nos preguntamos: ¿Cómo puede realmente (el Banco) ayudar a los países cuando está claro que no incorpora el aprendizaje interno y que los incentivos siguen siendo muy sesgados a favor de los préstamos?”

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¿Dónde están las indemnizaciones? Los bancos de desarrollo deben hacer más para remediar los daños producidos por las actividades que

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Hace más de 20 años se estableció el Panel de Inspección (PI) – el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, lo que permitió por primera vez que las personas afectadas por las actividades financiadas por el Banco pudieran expresar sus preocupaciones a los más altos niveles de poder dentro de la institución. Los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Mundial, todavía son pertinentes y necesarios, incluyendo el PI, el Defensor del Pueblo – CAO (Compliance Advisor Ombudsman – CAO) del brazo del sector privado del Banco, la Corporación Financiera Internacional (CFI), y su Agencia de Garantía de Inversiones Internacionales. Estos mecanismos son la única forma que tienen las comunidades para pedir rendición de cuentas y reivindicaciones por los daños y perjuicios causados por las actividades financieras del Grupo del Banco Mundial. También proveen a los grupos de la sociedad civil y a los otros actores una poderosa ventana para ver las limitaciones y errores del marco de desarrollo del Banco Mundial.

Desde que se estableció el Panel de Inspección, muchas otras instituciones financieras de desarrollo (DFIs, por su sigla en inglés) también establecieron sus propios mecanismos para la rendición de cuentas, conocidos colectivamente como los mecanismos independientes para la rendición de cuentas (IAMs, por su sigla en inglés). Si bien la estructura y los procedimientos de los mecanismos de rendición de cuentas varían, estos pueden reunir a los reclamantes y a los clientes de los bancos para resolver conflictos y, llevar a cabo investigaciones para determinar si las políticas ambientales y sociales del banco de desarrollo han sido violadas, o ambos. Para que el sistema funcione y proporcione un recurso para las personas perjudicadas, tanto el mecanismo de rendición de cuentas como la institución financiera deben cumplir con sus responsabilidades individuales.

Un informe de enero de 2016 por once ONGs – ¿Está medio lleno el vaso? El estado de rendición de cuentas en la financiación del desarrollo, evaluó la eficacia de los sistemas de rendición de cuentas de once instituciones financieras de desarrollo, para determinar qué tan bien estaban sirviendo a las personas que se suponía debían servir. Los autores llegaron a la conclusión de que el “vaso de rendición de cuentas” se puede considerar “medio lleno” o “medio vacío”, dependiendo de cómo se le mire. Los denunciantes, sin duda, están en una mejor posición si tienen acceso a un mecanismo de rendición de cuentas, que si no lo tuvieran. Las quejas pueden llamar la atención internacional y de vez en cuando producir cambios en los proyectos y mejores condiciones para los reclamantes. Sin embargo, los mecanismos no son eficaces para proporcionar indemnizaciones o compensaciones consistentes para los perjudicados – ya sea una compensación adecuada para el reasentamiento o para restablecer el acceso al agua potable o a los recursos naturales. Esto se debe a dos razones: la primera, los bancos de desarrollo no dan a los mecanismos de rendición de cuentas el mandato que necesitan para ser un recurso efectivo para los demandantes y, la segunda, los mecanismos de rendición de cuentas no asumen su propia responsabilidad asegurando que las personas afectadas sean compensadas debidamente.

Estos mecanismos de rendición de cuentas podrían ser más eficaces, pero sus esfuerzos serían en vano sin un cambio significativo en el enfoque de los propios bancos del desarrollo. El informe encontró que todas, menos una de las once instituciones financieras de desarrollo evaluadas, obstaculizaron el acceso a los mecanismos de rendición de cuentas desde el principio, al no exigirle a sus clientes que revelaran la existencia del mecanismo de rendición de cuentas a las personas afectadas por los proyectos. Los bancos de desarrollo también limitan el período de tiempo durante el cual un mecanismo puede aceptar una queja, no contribuyen a las soluciones alcanzadas a través de los procesos de resolución de problemas, y no responden consistentemente a los hallazgos de incumplimiento de su banco. Además, cuando los bancos de desarrollo desarrollan un plan de acción para responder a los hallazgos, rara vez consultan adecuadamente con los denunciantes sobre su contenido. En lugar de considerar las quejas como una oportunidad para ayudar a las mismas personas que las instituciones financieras de desarrollo deberían beneficiar, estas instituciones tratan de defender y justificar sus propias acciones, niegan y refutan las preocupaciones o declaraciones de los reclamantes, y además marginan y debilitan los mecanismos encargados de las quejas.

El caso de Avianca en Colombia (ver Boletin 80) ilustra el fracaso de una institución financiera de desarrollo para mantener su responsabilidad en la prestación de indemnización o compensación a los demandantes. Como consecuencia de una queja de noviembre de 2011, una investigación del Defensor del Pueblo/CAO, en mayo de 2015, demostró que la CFI no tuvo en cuenta la indiferencia de su cliente hacia la libertad de asociación, sin embargo, a pesar de estos hallazgos han continuado las violaciones.

El informe de las once ONGs proporciona dos grupos de recomendaciones. El primer grupo busca perfeccionar el sistema actual mediante la identificación de las mejores prácticas que deben ser adoptadas por todas las instituciones financieras de desarrollo y por los mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, la simple adopción de las mejores prácticas no será suficiente para asegurar que los demandantes reciban compensación por los daños y perjuicios causados. El informe pide que los mecanismos de rendición de cuentas tengan el poder de tomar decisiones vinculantes para obligar a las instituciones financieras de desarrollo y a sus clientes a tomar una acción eficaz y, en definitiva, que estas instituciones deben adherirse a un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos que produzca menos daños a las comunidades. Hasta que esto no se logre, es imperativo que los mecanismos de rendición de cuentas sean fortalecidos para asegurar que las personas perjudicadas por los proyectos financiados por los bancos sean compensadas debidamente.


Kris Genovese, Centro de Investigación sobre las Corporaciones Internacionales (SOMO)

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El Banco Mundial extiende la alfombra a los “megaproyectos en problemas” y APPs

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En julio de 2015 la conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación del Desarrollo (FpD, por su sigla en inglés) pidió a los bancos multilaterales de desarrollo (BMDs) que lideraran el establecimiento de un Foro para la Infraestructura Mundial “como un pilar fundamental para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible”. De acuerdo con el documento final, el Foro debe reunirse periódicamente “para mejorar la alineación y la coordinación entre las iniciativas de infraestructura viejas y nuevas”, y para prestar especial atención a las voces de los países en desarrollo. Por otra parte, el Foro “dará prioridad a las oportunidades de inversión y cooperación, y trabajará para asegurar que las inversiones sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y económico.” El primer foro tendrá lugar durante las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI a mediados de abril de 2016, en Washington, DC.

El compromiso de los BMDs hacia el Foro es la continuación de un trabajo de muchos años en la ampliación de la infraestructura a través del G20 (ver Observador Otoño 2014). Este compromiso fue fortalecido aún más en un documento conjunto de septiembre de 2015, Asociación para la construcción de un mundo mejor: Enfoques comunes de los BMDs para el desarrollo de la infraestructura, que respondió a una petición del G20 para que los BMDs reforzaran los servicios de preparación de proyectos “con el fin de impulsar una mayor inversión del sector privado en la infraestructura”.

De acuerdo con Nancy Alexander de la fundación política alemana, Heinrich Böll: “El G20 ve la inversión masiva en la infraestructura como una de las “balas de plata” que puede… añadir US$ 2 billones de dólares a la economía mundial y crear millones de puestos de trabajo” (ver Observador Invierno 2015). Además de acoger el nuevo Foro, el Banco Mundial sigue desempeñando un papel central en la preparación de documentos claves sobre la infraestructura para el G20, incluyendo la priorización de proyectos de infraestructura y el apoyo a la realización de proyectos con asociaciones público-privadas (APPs).

Las APPs continúan siendo motivo de preocupación

La decisión del Banco Mundial, el G20 y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMDs), de impulsar las APPs para los proyectos de infraestructura, como un hecho consumado, no tiene en cuenta las continuadas preocupaciones sobre éstas (ver Observador Otoño 2015). Un documento de trabajo de febrero de 2016 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU titulado, Las asociaciones público-privadas y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: ¿Son apropiadas para el trabajo?, argumentó que “si bien una mayor responsabilidad del sector privado reducirá la exposición al riesgo del sector público en forma automática, una APP mal diseñada de cualquier tipo puede conllevar riesgos significativos para el público en términos de cobertura reducida, mala calidad del servicio, o pasivo fiscal contingente.”

Corroborando lo anterior, el documento señaló que las evaluaciones realizadas por el Banco Mundial, el FMI y el Banco Europeo de Inversiones, “han encontrado una serie de casos en los que las APPs no solo no produjeron los resultados esperados, sino que al contrario, aumentaron significativamente los pasivos fiscales gubernamentales.” De acuerdo con el documento, “los análisis tanto del FMI como del Banco Mundial han expresado preocupaciones con respecto a los incentivos perjudiciales por parte de los gobiernos, de tratar los pasivos contingentes producidos por las APPs como “fuera de balance”, lo que a su vez debilita la gestión fiscal sólida.” Un documento de trabajo del FMI en enero de 2016, hizo un mapa de trabajo para pronosticar los pasivos contingentes en los países de los mercados emergentes y avanzados, advirtiendo que “el número de APPs ha ido creciendo recientemente de forma significativa a nivel mundial. Por lo tanto, podemos esperar más y mayores costos fiscales de las APPs en el futuro”.

Una sumisión de las ONGs a finales de febrero de 2016, a la consulta del Banco Mundial sobre el marco propuesto para la transparencia de las APPs, exigido por el G20, expresó preocupación ya que la consulta sucedió después, y no antes, de que el borrador del documento fuera presentado al G20. La petición, firmada por más de 50 organizaciones, argumentó que “esto puede dar la impresión de que las consultas con otras partes interesadas son una mera formalidad carente de posibilidades reales de impacto”. Las organizaciones, incluyendo a la Red de Alivio de la Deuda de Kenia y Justicia de la Deuda de Noruega, hicieron hincapié en que “un marco sólido para la transparencia es una salvaguardia primaria y necesaria – aunque insuficiente – contra algunos de los riesgos planteados por las APPs. La necesidad de estas salvaguardias es particularmente importante a la luz de las decisiones políticas recientes del G20 de alentar los llamados proyectos de transformación, que entendemos son un mayor apoyo a los megaproyectos. Los riesgos identificados están relacionados con los “impactos sociales y ambientales, el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad democrática y los problemas macroeconómicos, incluyendo el endeudamiento público oculto que surge de las APPs.”

Aldo Caliari de la ONG estadounidense Center of Concern, comentó: “El G20 está poniendo la carreta de la ideología sobre las APPs, por delante del caballo de la evidencia disponible sobre su desempeño. Nada bueno puede salir de esto”. Nancy Alexander añadió: “Esos megaproyectos problemáticos están chocando con las realidades ambientales y sociales en todo el mundo. Es crucial que los grupos de ciudadanos analicen los planes centrales de infraestructura para sus países o regiones para determinar si los planes van a hacer avanzar los objetivos del clima y del desarrollo sostenible y, ​​también, que examinen cuáles son los riesgos que están siendo absorbidos por el sector público”.

 

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El Banco Mundial está a punto de financiar el criticado mega Gasoducto Corredor del Sur desde Azerbaiyán a Europa

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Definido como “el mayor proyecto de infraestructura de nuestro tiempo” por la Comisión Europea y una prioridad para la Unión Europea, el Gasoducto Corredor del Sur siempre iba a atraer la atención del Banco Mundial. Como parte de la Estrategia de Asociación Nacional con Turquía (CPS – Country Partnership Strategy), el Banco anunció su intención de financiar el proyecto a través de un doble préstamo a Azerbaiyán y Turquía. Además, en junio de 2016, la oficina del Banco Mundial en Azerbaiyán anunció posibles garantías de préstamos para la construcción de la sección del Gasoducto a través de Anatolia (TANAP) por medio de la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral del Banco (MIGA).

Extrayendo el gas del yacimiento Shaz Deniz II en Azerbaiyán, TANAP se extenderá por 1.820 km desde Georgia hasta Grecia cruzando a Turquía. Se espera que TANAP provea 16 mil millones de metros cúbicos de gas al año a Turquía para el 2018, y posteriormente aumentará la capacidad con la construcción de la sección occidental del Gasoducto Corredor del Sur, yendo a Italia a través de Grecia y Albania.

El Gasoducto Corredor del Sur es una prioridad para las instituciones europeas como parte de su estrategia de la Unión Energética para asegurar alternativas a las importaciones de gas de Rusia. De acuerdo con informes de prensa de Reuters, los préstamos del Banco Mundial (programados para su aprobación en 2017) ascenderían a US$500 millones para Azerbaiyán y US$1 mil millones para Turquía y ayudarían a cubrir el costo total del proyecto de US$45 mil millones. Otros donantes incluyen el Banco Europeo de Inversiones. El objetivo principal de desarrollo propuesto por el Banco Mundial es la mejora de las exportaciones de gas de Azerbaiyán con hasta tres veces más de los volúmenes actuales y la mejora de “la seguridad y la diversidad del abastecimiento energético a Turquía y Europa.”

La amplia gama de riesgos y consecuencias asociados con la construcción de este mega gasoducto ha provocado un acalorado debate. Preocupadas por el apoyo que un proyecto tan controvertido ha recibido de las instituciones financieras internacionales públicas, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en toda Europa se han movilizado para evitar su financiación, sensibilizando a los ciudadanos y tomadores de decisiones acerca de las implicaciones ambientales y geopolíticas del proyecto. Las OSCs argumentan que el proyecto contradice los objetivos climáticos con los que el Banco Mundial y los bancos públicos europeos se comprometieron en París en diciembre de 2015. Al considerar la financiación del Gasoducto Corredor del Sur otro mega proyecto de combustibles fósiles, el Banco Mundial está contradiciendo su compromiso de integrar los riesgos climáticos y oportunidades en la totalidad de su trabajo de desarrollo y hace caso omiso de la urgencia de lo acordado de cambiarse a un modelo diferente de energía basado en las energías renovables y la eficiencia energética. Esto también significa que el Banco Mundial está ignorando los llamados de la comunidad científica de dejar la mayoría de las restantes reservas de combustibles fósiles en el suelo. Como institución financiera, líder mundial en el desarrollo y defensor confeso de la sostenibilidad del medio ambiente, el Banco Mundial debería dar el ejemplo y dejar de apoyar este tipo de proyectos emblemáticos de combustibles fósiles.

El contexto geopolítico que rodea el Gasoducto al Sur también es muy preocupante. Ni el régimen autocrático de Ilham Aliyev en Azerbaiyán, ni el gobierno cada vez más represivo de Recep Tayyip Erdogan en Turquía son socios ideales para un gran proyecto de este tipo. Ilham Aliyev, que ha gobernado a Azerbaiyán durante décadas, atrajo la atención internacional después de una severa represión contra la disidencia en 2014 que resultó en encarcelamientos en masa de periodistas, intelectuales, activistas y abogados de derechos humanos. La situación inaceptable del estado de los derechos humanos en Azerbaiyán ha sido denunciada en repetidas ocasiones por los gobiernos y los medios de comunicación de todo el mundo. Esto llevó a las advertencias oficiales del Parlamento Europeo, la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa y el Consejo de Europa a lo largo del otoño de 2015. Todas estas organizaciones abiertamente desalentaron a Europa de financiar directamente al régimen y, deben pensar menos aún sobre la perspectiva de sellar un acuerdo de negocios histórico por valor de miles de millones de dólares.

Por otro lado, este proyecto no traería importantes mejoras en el desarrollo de Azerbaiyán. Dependiendo en gran medida de las exportaciones de combustibles fósiles, la economía de Azerbaiyán ha enfrentado recientemente una profunda crisis debido a la caída de los precios del petróleo que llevó a la devaluación de la moneda nacional. En lugar de diversificar las fuentes de ingresos en Azerbaiyán y de promocionar el desarrollo sostenible, el Gasoducto Corredor del Sur exacerbaría esta dependencia y consolidaría el poder de la élite gobernante existente, al tiempo que traería poco o ningún beneficio para el pueblo de Azerbaiyán.

El Banco Mundial tampoco puede ignorar la situación actual en Turquía. Al tiempo que Erdogan continúa controlando los medios de comunicación y reprimiendo la libertad de expresión de los ciudadanos, el gasoducto cruzaría las regiones kurdas, que en la actualidad están siendo afectadas por una escalada de la violencia tras la ruptura de las conversaciones de paz en julio de 2015.

Las organizaciones de la sociedad civil han puesto de relieve estas preocupaciones y desafiado la financiación pública del Gasoducto Corredor del Sur. Es preocupante ver que el Banco Mundial corra el riesgo de arruinar su reputación apoyando un proyecto que va a contravenir las normas de salvaguardias del mismo Banco, mientras que destruye el medio ambiente y apoya a regímenes controvertidos. Si el Banco no quiere asumir esta responsabilidad, tampoco debe ser parte del acuerdo del Gasoducto Corredor del Sur.


Análisis de invitado de Xavier Sol, Contrapeso (Counter Balance)

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El auge y la caída de los mega-proyectos financiados por el Banco Mundial

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El Banco Mundial concluyó 2016 agregando un controvertido mega-proyecto a su portafolio mientras, más allá del foco principal, retiró el apoyo a otros notorios mega-proyectos. A fines de diciembre el Banco aprobó USD 800 millones para el proyecto Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), la mitad de cuyos fondos va a Azerbaiyán y la otra mitad a Turquía (véase el Observador de verano de 2016). Comenzando en Azerbaiyán, la TANAP se extiende por 1.820 km desde Georgia hasta Grecia, a través de Turquía. Forma parte del controvertido y altamente riesgoso Corredor de Gas del Sur de 3.500 km, que conecta gasoductos desde Azerbaiyán hasta Europa. La TANAP se unirá a la sección occidental del corredor, llegando a Italia a través de Gracia y Albania.

La sociedad civil ha criticado repetidamente el Corredor de Gas del Sur debido a la amplia gama de riesgos asociados al proyecto, incluyendo preocupaciones geopolíticas, tales como la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y el cada vez más represivo régimen en Turquía (véase el Observador de verano de 2016). Según Xavier Sol, de la ONG Counter Balance, la oposición local al proyecto ha impulsado a las comunidades afectadas en Albania, Grecia e Italia a presentar reclamos ante el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, dos de los otros financiadores del proyecto. En un informe de mediados de diciembre de la coalición de ONG Bankwatch se revelaron presuntas práctica corruptas vinculadas a los principales responsables de la sección turca del gasoducto. Además, han surgido preocupaciones sobre el financiamiento del Banco Mundial de lo que es, en esencia, un proyecto de combustibles fósiles, pese a su presunto apoyo al Acuerdo de París de la ONU de 2015 sobre cambio climático, incluyendo una declaración de agosto de 2016 de que “ha incrementado su apoyo al trabajo climático después de París”, incluyendo “más inversiones en energía renovable”.

Una salida por la puerta trasera

También en agosto de 2016 el Banco Mundial se retiró de dos mega-proyectos muy notorios, Inga 3 y Simandou. En 2014 el Banco aprobó una subvención de USD 73 millones para el proyecto hidroeléctrico Inga 3 en la República Democrática del Congo (RDC), pese a que Estados unidos se abstuvo debido a los “riesgos de gobernanza y medioambientales” y la junta habló de “riesgos de implementación significativos” (véase el Boletín de mayo de 2014). Inga 3 es parte del proyecto hidroeléctrico Grand Inga, de USD 100 mil millones, con capacidad para generar 40.000 megawatts, lo que la convertiría en la mayor instalación hidroeléctrica del mundo. En 2013 Rachel Kyte, por entonces vice-presidente de desarrollo sostenible del Banco Mundial, declaró que Inga fue una prioridad en la agenda del Banco: “La gente ha estado mirando la represa Inga durante tanto tiempo como el que he estado en los temas de desarrollo … Ahora las estrellas están alineadas” (véase el Update 86). El proyecto ha recibido críticas de larga data de la sociedad civil, incluyendo el hecho de que solo alrededor de un quinto de la energía producida por Inga 3 iría a la empresa de servicios públicos nacional, mientras el resto se exportaría a Sudáfrica o iría a las empresas mineras de la RDC (véase el Observador de primavera de 2015). Dos años después, el Banco primero suspendió el proyecto, en julio de 2016, y luego canceló el financiamiento en septiembre citando “la decisión del gobierno de la RDC de llevar el proyecto en una dirección estratégica diferente a la acordada” (véase el Observador de otoño de 2016).

Además, de acuerdo a informes de prensa de comienzos de octubre de 2016, el brazo del sector privado del Banco, la Corporación Financiera Internacional (CFI), estudia limitar su participación en la controvertida mina Guinea Simandou, el proyectos de mineral de hierro más grande de África, vendiendo su participación del 5% en la empresa mixta detrás de la mina (véase el Observador de verano de 2016, el Boletín de diciembre de 2013 y el Update 82). Como mucho en febrero de 2016 la CFI llamó a Simandou “un depósito de mineral de hierro de bajo costo y clase mundial, con un potencial económico significativo para Guinea”. Sin embargo, el proyecto ha estado bajo fuertes críticas de la sociedad civil, incluso por la falta de impactos claros en al reducción de la pobreza y los cuestionables planes de ‘compensar’ el impacto medioambiental de la mina (véase el Observador de verano de 2014). Además se ha visto acorralado por otros problemas, como el desplome de los precios del mineral de hierro y la presunta corrupción. Por otra parte, a fines de octubre el mayor accionista de la empresa mixta, el gigante minero Rio Tinto, anunció que vendería su 47% de acciones a la china Chinalco. Muy poco después, a mediados de noviembre, se revelaron nuevas presunciones de soborno que terminaron con el despido de dos altos ejecutivos de Rio Tinto.

Bujagali: un mega-proyecto problemático

El proyecto hidroeléctrico Bujagali en Uganda, otro notorio mega-proyecto que recibió fondos tanto del Banco Mundial como de la CFI y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (AMGI, el brazo de seguros contra riesgos políticos del Banco), continúa acumulando críticas (véanse los Update 86, 80, 62). En 2012 la CFI llamó a Bujagali “un modelo y una inspiración para lanzar otros proyectos de infraestructura a gran escala en ambientes altamente desafiantes”, sin embargo, la sociedad civil y las comunidades locales han considerado controvertido el proyecto desde su concepción (véase el Update 16). En junio de 2016 el mecanismos de rendición de cuentas del Banco, el Panel de Inspección (PI), recibió su tercer reclamo involucrando a Bujagali, referido a posibles impactos medioambientales y sociales negativos del relleno de un embalse relacionado. Más recientemente, en 2015, Bujagali ha sido también objeto de siete reclamos ante el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, el Defensor del Pueblo, en relación con la falta de compensación por los daños a los cultivos (véanse los Update 86, 80, 62). Además, el desempeño del Banco en Uganda ha estado bajo escrutinio debido a las “múltiples fallas” identificadas con relación a un proyecto carretero que llevó al Banco a anunciar en septiembre su intención de detener el nuevo préstamo al país (véase el Observador de otoño de 2016).

Josh Klemm, de la ONG estadounidense International Rivers, comentó: “El Banco Mundial ha estado lento para aprovechar las lecciones duramente aprendidas en el pasado en el sentido de que los mega-proyectos raramente producen beneficios tangibles y, más a menudo, terminan ocasionando mega daños. El Banco haría bien en reconocer que hay rápidamente disponibles soluciones mejores, a escala más pequeña y mucho mejor situadas para cumplir con las necesidades de los más pobres del mundo”.

El G20 y el consenso sobre infraestructura de los BMD

El Banco Mundial continuó trabajando con otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para crear un consenso en torno a la infraestructura, que podría allanar el camino para proyectos de infraestructura de mayor escala (véase el Observador de primavera de 2016). A mediados de agosto los BMD publicaron una “declaración conjunta de aspiraciones y acciones para apoyar inversiones en infraestructura” para el G20, a los efectos de “identificar cuellos de botella que entorpezcan mayores niveles de inversiones en infraestructura del sector público y privado”. La declaración mencionaba “la oportunidad única [para los BMD] de basarse en el trabajo actual y el pasado a los efectos de traducir los mayores niveles de inversión privada en infraestructura para los países en desarrollo”, incluso “para bajar los costos de transacción, el riesgo y la percepción del riesgo”. Además, los BMD son una parte clave de la nueva Alianza para la Conectividad de la Infraestructura Mundial, lanzada por el G20 en septiembre de 2016 con el Banco Mundial oficiando de secretariado. El objetivo de la alianza es “mejorar la cooperación y las sinergias de los programas de facilitación de la infraestructura y el comercio mundial actuales y futuros, buscando mejorar la conectividad en y entre los países”.

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Suriname se aparta de las condicionalidades del FMI

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En mayo el gobierno de Suriname anunció en el parlamento que había cancelado sus Acuerdos Stand-By de dos años con el FMI. Al momento del anuncio el primer tramo de EUR 80 millones de los EUR 425 millones del programa de préstamos acordado en abril de 2016 ya había sido desembolsado. De acuerdo al periódico surinamés The Parbode la relación entre el país sudamericano y el FMI había “empeorado” en el último año debido a las condicionalidades del programa del FMI, que incluían la introducción del IVA y recortes a los subsidios al combustible, la electricidad y el agua. El presidente de Suriname Desi Bouterse declaró al sitio de noticias belga De Redactie que “la carga de esos costo era demasiado pesada para sus ciudadanos”. El mismo sitio de noticias informó que, para compensar la escasez de recursos, el gobierno recaudó fondos a través de los mercados internacionales de capital, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo, antes de cancelar el préstamo del FMI.

Aunque el FMI confirmó a la prensa el hecho, no ha publicado ninguna declaración oficial. El último documento oficial específico sobre Suriname que publicó fue la consulta sobre el Artículo IV de enero, en la que los directores del FMI concuerdan con que se necesitan “reformas decisivas” en Suriname y pidieron al gobierno surinamés que “redoble los esfuerzos” para colocar “la consolidación fiscal … en el centro de los cambios de política”. En una conferencia de prensa de febrero el presidente Bouterse respondió al informe del Artículo IV llamando “frío” al FMI.

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La profundización de la cooperación del Banco Mundial y el BAII: ¿están bloqueados en un modelo de desarrollo fracasado?

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En abril, al cierre de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI en Washington DC, el Grupo Banco Mundial (GBM) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) firmaron un memorando de entendimiento “para fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos entre las instituciones”. El acuerdo se firmó un año después de que ambas instituciones firmaran un acuerdo de co-financiamiento delineando “los parámetros de co-financiamiento de los proyectos de inversión Banco Mundial-BAII” (véase el Observador de Verano de 2016). Desde entonces el Banco y el BAII han co-financiado cinco proyecto de manera conjunta.

El co-financiamiento y la cooperación entre el Banco y el BAII refleja la tendencia de incremento de la coordinación y el financiamiento conjunto de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para cerrar la anunciada brecha anual de entre USD 1 billón y USD 1,5 billones de financiamiento para infraestructura en los países en desarrollo para 2020. El foco de los BMD en el apalancamiento de las inversiones del sector privado en proyecto de mega-infraestructura quedó evidenciado en el documento de conclusiones del Foro Mundial de Infraestructura 2017.

La trayectoria del Banco Mundial-AIIB está en desacuerdo con los principios de mejores bancos multilaterales de desarrollo descritos en el documento conceptual de Eurodad, Afrodad y Latindadd Bancos públicos de desarrollo: hacia un mejor modelo de abril, que argumenta que los BMD deben priorizar los resultados del desarrollo a los beneficios y subraya que, históricamente, el desarrollo de infraestructura ha sido financiado principalmente con fondos públicos. María José Romero, de la red con sede en Bruselas Eurodad, afirmó que “los BMD deben apoyar el desarrollo de infraestructura que beneficie a las comunidades y ayude en la transición de los países hacia un nuevo modelo de desarrollo”. A la luz de la relación creciente entre los BMD, tal como se refleja en el documento de conclusiones del Foro Mundial de Infraestructura, la sociedad civil teme que el BAII, lejos de ofrecer a los países en desarrollo un paradigma de desarrollo y financiamiento diferente, quiera apoyar los modelos de desarrollo existentes que no hacen nada por ayudar a la transición de los países en desarrollo como economías dependientes de las materias primas (véase el Observador de Verano de 2017).

Tal como afirmó el profesor Bill Laurence en su blog Alert, a la sociedad civil también le preocupa que la creciente cooperación e intercambio de normas entre los BMD conduzcan a una competencia a la baja en términos de protecciones medioambientales y sociales. La sociedad civil fue muy crítica con el recientemente adoptado Marco Ambiental y Social del Banco Mundial (véase el Observador de Otoño de 2016). Muchos dentro de la sociedad civil se hicieron eco de las preocupaciones incluidas por la profesora Hongying Wang en su documento de septiembre de 2016 para el Consejo de Relaciones Exteriores acerca de que “la indulgencia de los nuevos BMD hacia proyectos de infraestructura que pueden tener consecuencias sociales y ambientales negativas podría hacerlos más atractivos para algunos prestatarios, que priorizan una financiación más rápida y de menor costo. Esto podría socavar la capacidad de otros BMD, incluyendo al Banco Mundial, de mantener sus estándares”.

La cooperación Banco Mundial-BAII a prueba en Tarbela 5

La represa Tarbela 5, en Pakistán, ofrece la oportunidad de evaluar cómo el co-financiamiento afecta el enfoque del BAII y del Banco Mundial sobre las salvaguardias medioambientales y sociales. El BAII y el Banco Mundial co-financian la represa junto al gobierno de Pakistán. Aunque el AIIB se había comprometido a que su préstamo de USD 300 millones no sólo financiaría la nueva construcción, sino que también abordaría las cuestiones relacionadas con el legado social de proyectos anteriores, un análisis más a fondo de la ONG Bank Information Center (BIC) Europa y el investigador pakistaní Naeem Iqbal arrojan dudas sobre esa afirmación. BIC Europa argumentó que el enfoque legalista del BAII seguramente dejará personas irremediablemente desplazadas por la construcción anterior. El estudio también dice que “de acuerdo con el representante del Banco Mundial, el Banco Mundial eliminó la estación de la red del proyecto para evitar que la AIIB tuviera que abordar temas de adquisición de tierras y reasentamiento, aunque es claramente parte del proyecto Tarbela 5”. Finalmente, BIC e Iqbal aseguran que importantes procesos de acceso a la información no siguieron las buenas prácticas.

En un artículo de junio, en el sitio de noticias Chinadialoge, Kate Geary, de BIC Europa, señaló que aunque el BAII “se compromete explícitamente con el Acuerdo Climático de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, su estrategia energética no impide específicamente que la AIIB financie el carbón. Geary señaló que 31 OSC de India escribieron al BAII para expresar su preocupación de que “el banco supuestamente ‘verde’ termine financiando combustibles sucios, incluyendo carbón y plantas térmicas de gas, a través de Asia, ya que no los excluye”. El artículo de Geary también criticó las inversiones propuestas del BAII a través de intermediarios financieros (IF) y en el Fondo de Infraestructura de India en particular, haciendo referencia a los impactos negativos para el desarrollo de las inversiones en IF de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para el sector privado (véase el Observador de Otoño de 2017 y el de Otoño de 2016).

En marzo 47 OSC de Indonesia escribieron una carta al BAII pidiéndole que retenga el apoyo al Fondo de Infraestructura de Indonesia y al Fondo de Desarrollo de Infraestructura Regional (RIDF, por su sigla en inglés) citando preocupaciones sobre evaluaciones sociales y ambientales y la falta de una consulta apropiada (véase el Observador de Primavera de 2017). Desatendiendo esas preocupaciones, el 28 de marzo el BAII anunció que había aprobado un préstamos de USD 100 millones al RIDF.

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Las OSC piden al Banco Mundial que abandone su agresivo apoyo a las APP

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En octubre, antes de las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Washington DC, 152 organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluidas Rivers Without Borders Mongolia y el Consejo Laboral Afrocolombiano de Colombia, lanzaron el Manifiesto de la Campaña Mundial contra las Asociaciones Público Privada (APP). El manifiesto describía las serias preocupaciones de los firmantes con las APP en general y la presentación del Banco Mundial de las APP como una panacea para la brecha de financiamiento de la infraestructura social y económica mundial. El manifiesto exigía que el Banco, el FMI y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) “detengan la agresiva promoción e incentivo de las APP para la infraestructura social y económica y reconozcan públicamente los riesgos financieros y de otro tipo que conllevan”. El manifiesto también instaba “a todos aquellos preocupados por la justicia, la igualdad, la sostenibilidad y los derechos humanos a resistir la usurpación de las APP y presionar … por servicios públicos de alta calidad, financiados con fondos públicos, democráticamente controlados y responsables”.

Tal como se detalla en el informe de octubre de la OSC Eurodad, con sede en Bruselas, Defusing the ticking time bomb [Desactivar la bomba de tiempo], el manifiesto se desarrolló en el contexto de un fuerte impulso de los BMD a las APP, a pesar de sus potenciales consecuencias negativas serias, como sus mayores costos en comparación con los proyectos financiados con préstamos públicos, su impacto en el acceso equitativo a los servicios públicos y su impacto fiscal a través de la creación de pasivos contingentes ocultos (véase el Observador de Otoño de 2015). Como señaló Nancy Alexander, de la Heinrich Böll Foundation, en su blog Beware the Cascade, las APP forman un pilar importante de la nueva estrategia de cascada del Banco para evitar el riesgo a las inversiones del sector privado con el fin de respaldar las aspiraciones de pasar de miles de millones a billones de los BMD (véanse el Observador de Otoño de 2017 y el de Verano de 2017).

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Los bancos de desarrollo inyectan más dinero al Corredor de Gas del Sur, a pesar de las nuevas preocupaciones

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Surgen dudas sobre el futuro del Oleoducto Transadriático (TAP, por su sigla en inglés), después de que el nuevo gobierno de coalición de Italia anunciará en junio que revisará su apoyo al proyecto. El nuevo ministro de Medio Ambiente de Italia, Sergio Costa, del movimiento 5 estrellas, dijo en una respuesta escrita a los periodistas que, “dada la caída de la demanda de gas [en Italia], hoy ese proyecto [TAP] parece inútil”.

El TAP es el tramo final del Corredor de Gas del Sur (CGS), un megaproyecto que ha recibido financiación del Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para llevar gas azerí a Europa a través de Turquía y otros países de tránsito (véanse el Observador de Primavera y el de Otoño de 2017).

De acuerdo a informes recientes, “el consorcio TAP, que incluye al grupo petrolero británico BP, la italiana Snam y la española Enagas, ha dicho que volver a enrutar el oleoducto fuera de Italia no es una opción … [y] redirigirlo dentro de Italia podría retrasar el proyecto entre cuatro y cinco años”.

A pesar de estas preocupaciones, el 4 de julio el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) aprobó un préstamo de EUR 500 millones para el TAP. Esto lleva el financiamiento total de los BMD para el CGS a más de EUR 6.000 millones, con el Banco Mundial aprobando préstamos de USD 500 millones a Turquía y Azerbaiyán, respectivamente, en 2016 (véase el Observador de Otoño de 2017).

Fidanka McGrath, de la red de la sociedad civil europea Bankwatch comentó: “La inyección masiva de dinero público en el Corredor de Gas del Sur, del que forma parte el TAP, no ha sido suficiente para corregir todo lo que está mal con oleoducto: al alimentar regímenes corruptos y opresivos, el proyecto pisotea los derechos de los agricultores y las comunidades y termina por atar a Europa a los combustibles fósiles”.

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La mejora de las relaciones entre Etiopía y Eritrea pone bajo el microscopio el megaproyecto propuesto LAPSSET

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La justificación para el desarrollo de un nuevo mega corredor propuesto en África Oriental, el corredor de Transporte puerto Lamu-Sudán del Sur-Etiopía (LAPSSET, por su sigla en inglés), ha sido cuestionada ante la renovación de las relaciones diplomáticas entre Etiopía y Eritrea. Los activistas locales, las organizaciones de la sociedad civil y los investigadores habían expresado anteriormente serias preocupaciones sobre los impactos medioambientales y sociales del LAPSSET, parcialmente financiado por el Banco Mundial.

El LAPSSET se describe a sí mismo como “el proyecto de infraestructura más grande y ambicioso de África Oriental, que reúne a Kenia, Etiopía y Sudán del Sur”. Consta de siete proyectos de infraestructura diferentes, incluyendo un polémico puerto de aguas profundas en Lamu, Kenia. Se espera que, en conjunto, el LAPSSET cueste alrededor de USD 25.000 millones y, según lo resumido en una publicación del medio digital African Arguments, “implica la construcción de miles de kilómetros de carreteras, líneas férreas y oleoductos”, para facilitar el comercio transfronterizo regional. El Banco Mundial acordó proporcionar un préstamo de USD 500 millones para financiar parte de la propuesta red de autopistas del LAPSSET a través del norte de Kenia en 2017. Sin embargo, un informe de julio del periódico keniano The Standard señaló que la reciente descongelación de las relaciones entre Eritrea y Etiopía podría hacer que el LAPSSET quedara “obsoleto”, ya que Etiopía puede obtener acceso al puerto de Eritrea en Asmara, como resultado de este cambio sísmico en la geopolítica regional, con lo que el potencial uso del puerto de Lamu disminuiría.

La carretera financiada por el Banco que forma parte del LAPSSET corre a través del Condado de Turkana en el norte de Kenia. El condado es el más grande y pobre de Kenia, con un 79% de la población viviendo por debajo de la línea nacional de pobreza. El petróleo se descubrió en el condado de Turkana en 2012, donde se planificó un oleoducto de exportación de 820 km que une los campos petroleros del condado de Turkana con el puerto de Lamu, lo que constituye un aspecto clave de LAPSSET. Sin embargo, como señaló African Arguments en julio, “en Lokichar, el epicentro de la industria petrolera de Turkana, el auge ha traído hasta ahora más frustración y conflicto que esperanza. La empresa británica Tullow Oil – que recibe financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo para la inversión privada del Banco Mundial, para sus operaciones petroleras en el Condado de Turkana – había abierto los yacimientos petroleros, pero muchos se sienten frustrados de que esto no haya dado lugar a más empleos y beneficios para quienes han vivido en esas tierras durante generaciones. Miembros de la comunidad de pastores de los alrededores de la aldea de Nakukulas han cortado carreteras en protesta”. Un informe de Oxfam Internacional de 2017 reveló que Tullow Oil no había logrado el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales del Condado de Turkana afectadas por los yacimientos petroleros.

Las preocupaciones también han rodeado el desarrollo del puerto de Lamu, que podría afectar el sitio patrimonio mundial de la UNESCO en el casco antiguo de Lamu. También han surgido protestas contra los planes de construir una central eléctrica de carbón en las cercanías del puerto de Lamu, con el Banco Africano de Desarrollo considerando la posibilidad de financiar el proyecto. El LAPSSET representa sólo uno de los muchos “mega-corredores” planeados en regiones en desarrollo, apoyados por el Banco y otras instituciones financieras internacionales (véanse el Observador de Primavera de 2018 y el de Invierno de 2017).

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